Sunday, October 16, 2005

Ahora, la prueba de la tormenta STAN



El 1 de octubre la tormenta tropical Stan, convertida en la víspera en huracán de categoría 1, tocó tierra en la zona del Pacífico mesoamericano. Las lluvias torrenciales de una semana provocaron inundaciones y derrumbamientos en el sur de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, cobrando más de 1,500 vidas y pérdidas materiales cercanas a los 3,000 millones de dólares. Pero fue en Guatemala donde se concentraron los mayores daños: alrededor del 80% de las víctimas y dos tercios de los daños en infraestructura.

Como tantos desastres naturales, la tormenta Stan en Guatemala desató inmediatamente una crisis humanitaria de múltiples dimensiones, recordando trágicamente las vulnerabilidades crónicas de enormes contingentes de población empobrecida –la más expuesta a las crisis- que habita en pisos ecológicos degradados, carentes de redes institucionales –públicas y privadas- de prevención y atención eficaces en casos de emergencias.

Las áreas locales afectadas (suroccidente, altiplano poblado y noroccidente) por Stan están precisamente entre las más densamente pobladas donde se enseñorea la pobreza –población indígena mayoritaria, pero también ladina- y donde, además, los recursos naturales han sufrido una severa depredación. Allí se vive una acumulación de diferentes crisis: secuelas (aún) del terremoto de 1976, la guerra civil agudizada entre 1980-84 y el huracán Mitch de 1998, amén de elevados ritmos inflacionarios en los últimos dos años y altos rangos de subempleo estructural, sequías y muertes a causa de desnutrición aguda, así como múltiples focos de conflictos sociales.

El gobierno del presidente Berger, al cual se le ha señalado deficiencias en la gestión del desastre (no aplicación de alerta temprana e improvisada reacción durante la emergencia), está a las puertas de una tercera prueba, la reconstrucción. De su capacidad de asumir esa tarea, que se concentrará en un tercio del territorio guatemalteco, va a depender en definitiva la calificación de su administración. La experiencia mesoamericana de los últimos 35 años indica que desastres naturales de la dimensión del Stan son parteros de actores sociales de cambio, y de nuevos regímenes políticos, y que su periodo de cicatrización suele llevar más de una generación.

La magnitud del desastre
Las cifras oficiales sobre pérdidas de vidas humanas son todavía conservadoras, pues se apegan a la evidencia. Por eso difieren tanto de las estimaciones de las autoridades locales, ong y otras fuentes independientes. No obstante, son alarmantes:

Todas las fuentes coinciden en que, de los 14 departamentos afectados, los daños más severos se concentraron en Sololá y San Marcos (Mapa 1: comunidades damnificadas), que reúnen a casi el 10% de la población total. Estos departamentos están entre los primeros siete más densamente poblados de Guatemala, cuentan con el 96% y 31% de población indígena, respectivamente; su población empobrecida es superior al 64% del total, y padecen serios problemas de deforestación y acelerada erosión de suelos, entre otras, a causa de la extensión de la frontera agrícola.


Al 15 de octubre, los datos de conred indicaban que:

- 654 personas perdieron la vida
- 828 estaban desaparecidas (presumiblemente soterradas)
- 306 habían sufrido heridas
- 225,915 era el total de damnificados
- 1.5 millones (12.5% del total de habitantes) habían sido afectadas directamente
- 2.0 millones fueron afectados indirectamente
- 140,266 fueron atendidos en albergues
- 7,202 viviendas sufrieron daños apreciables
- 3,755 viviendas quedaron destruidas
- 683 comunidades padecieron inundaciones y deslaves
- 762 albergues fueron habilitados
- 68 puentes fueron reportados con daños
- 32 puentes quedaron destruidos enteramente
- 14 carreteras sufrieron daños de consideración

unicef informó que 1,200 niños quedaron huérfanos y que el 50% de la población afectada eran infantes y adolescentes.

En Santiago Atitlán (Sololá) los poblados de Panabaj y Tzanchaj quedaron sepultados al derrumbarse el cráter del volcán San Lucas Tolimán. En San Marcos, la aldea Piedra Grande (San Pedro Sacatepéquez) y el municipio Tacaná, sufrieron las mayores pérdidas de vidas humanas.

Los recuentos preliminares del Ministerio de Agricultura reportan severos daños en la agricultura. Cosechas de maíz, frijol y papa, ajonjolí, tomate, cebolla, chile pimiento, papa y sandía se habrían perdido. En Nueva Concepción (Escuintla), conocido como el granero de Centroamérica, la cosecha entera de maíz se perdió. Almolonga (Quetzaltenango), proveedor de hortalizas de la región, también perdió sus cultivos.

Las estimaciones oficiales indican que 1,200 millones de quetzales se perdieron en granos básicos, mientras que en la cosecha de ajonjolí, cuya pérdida fue total, se calculan 35 millones. También habría pérdidas por 120 millones de quetzales en cultivos de tomate, cebolla, chile pimiento, papa y sandía, y daño severo en la producción de banano. El 10% de la cosecha de café sufrió daños, lo que corresponde a 234 millones.

En total, unos 30 mil kilómetros cuadrados del territorio guatemalteco quedaron anegados y las pérdidas en la agricultura podrían ascender a Q 3 mil millones.

Por otro lado, un tercio de la red vial asfaltada y más la mitad de los caminos de terracería quedaron destruidos. Suman unos 1,400 kilómetros de asfalto y 5,400 kilómetros de terracería de 14 departamentos, donde se contabilizan 900 derrumbes, 400 de ellos calificados como “mayores” por las autoridades. La carretera interamericana – km. 107- se hundió, lo que interrumpió el paso hacia el occidente y la frontera con México. La infraestructura eléctrica, de agua potable y de telecomunicaciones también salió afectada. En total, los daños en infraestructura ascenderían a unos 2,400 millones de quetzales.
Respuesta a la emergencia
Los sistemas oficiales de alerta temprana –conred, Unidad Nacional de Prevención de Desastres del Ministerio de Salud y la sae, dependencia de la Presidencia de la República- fallaron en su mandato. Fue célebre la expresión del presidente Berger, en plena tormenta: “No es para tanto, ya ellos (los habitantes de las comunidades anegadas) están acostumbrados a que pasen estas cosas”.

En realidad el sistema institucional del Estado guatemalteco se debilitó en la última década. Nunca fue denso ni extraordinariamente efectivo. En los últimos 50 años tuvo al Ejército y sus redes extendidas como columna vertebral. Pero éste, al ir debilitándose –de manera pronunciada en los últimos dos años-, no fue reemplazado por un sistema civil de contingencias. De hecho la red civil pública fue cercenada en plena negociación de los Acuerdos de Paz e inmediatamente después de su firma. Desaparecieron los extensionistas agrícolas y los promotores de salud, entre otros. Además, la guerra y la destrucción del tejido social que desencadenó, así como las carencias materiales de las comunidades limitaron la capacidad de organización y respuesta de las comunidades. Pero aún así, esta vez con el Stan, éstas han seguido llevando la iniciativa.

En los tres últimos desastres mayores el Ejército llevó la iniciativa. Así fue en el terremoto de 1976, que cobró 27,000 vidas, en el huracán Mitch, de 1998, que asoló el suroriente de Guatemala, y también durante la guerra civil. Entonces operaron el Comité Nacional de Emergencia y el Comité de Reconstrucción Nacional. Pero, de nuevo, las iniciativas civiles –sobre todo locales- resultaron más eficientes.

El promedio de desastres naturales en los últimos quince años es de 150 por año. Entre aquellos asociados a deslaves están:

Lugar
Fecha
Incidencia
Río Valparaíso
1987
43 personas fallecidas
Senahú, Alta Verapaz
Mayo 2000
13 personas fallecidas
Ciudad Vieja, Sacatepéquez
Junio 2002
15 casas dañadas
Finca El Porvenir, Sololá
Septiembre 2002
24 personas fallecidas
Aldea Chichicaste San Marcos
Abril 2003
22 personas fallecidas
Senahú, Alta Verapaz
Junio 2005
22 personas fallecidas

Esta vez, tres fallas notables muestra la acción de emergencia gubernamental: 1. Su información está fragmentada, 2. Las cadenas logísticas no están integradas, de manera que, aun habiendo disponibilidad de alimentos, medicinas y abrigo, la población demandante no tiene acceso, y 3. Operan ciertos sesgos políticos en las instituciones responsables de la emergencia, quizá debido a los intereses electorales de sus líderes –especialmente en lo que toca al civ, la scep y el fis.

Organismos oficiales e independientes que operan en el terreno dan cuenta de la atención de la emergencia:

- Uno de los mayores problemas es la falta de alimentos. Varios centros de acopio que ya no cuentan con alimentos para repartir y, si los tienen, no pueden transportarlos.

- El abasto no satisface las necesidades básicas de las familias afectadas. La crisis alimentaria avanza hasta los centros de acopio, en donde los alimentos recaudados cada vez son menos.

- La ayuda ha ido menguando. Escasa recolección de medicamentos. Cerca del 50% de la ayuda es vestido, (ropa, zapatos, frazadas), un 35% son alimentos (enlatados, granos, agua y otros), y el 15% medicina (ahí se incluyen jabones desinfectantes, cloro, pañales desechables, toallas sanitarias, papel higiénico y varias medicinas para aliviar resfriados y diarreas.

- La situación se agrava cada día; se empieza a murmurar en las comunidades sobre el presunto mal manejo de los recursos por parte de las agencias gubernamentales.

- Las epidemias son riesgos latentes. Las lluvias estimulan la reproducción de insectos y, junto a ellos, la descomposición de varios animales muertos aumenta los focos de infección.

- Los niños estaban, antes de la catástrofe, entre la población vulnerable por desnutrición. El gobierno ha atendido el problema entregando un vaso de leche, pero su logística y acceso es limitado, dadas las dificultades de transportación.

Una semana después de que cesaron las lluvias torrenciales, unas 16 comunidades siguen aisladas en San Marcos, entre ellas Tacaná, Sabinal y Tajumulco, ubicadas a más de 8 mil pies de altura, las aeronaves no llegaron. Ni siquiera helicópteros enviados por eeuu pudieron romper las densas neblinas.

Riesgos de una emergencia prolongada
El sábado 8 de octubre, comunidades cercanas al río Motagua, en el oriente de Guatemala, reportaron inundaciones. Ésta es una zona que durante el Stan no había sufrido desastres. El martes 11, comunidades del municipio de San Martín Jilotepeque, al norte del departamento de Chimaltenango, fueron inundadas por las intensas lluvias que siguieron cayendo en la región, al igual que en San Pedro Sacatepequez en San Marcos.

Ese mismo martes, el municipio donde se encuentra el Puerto de San José, afectado desde los primeros días, volvió a sufrir de inundaciones debido a las intensas lluvias que provocaron desbordamientos de ríos. Lo mismo ocurrió en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, debido al desbordamiento del río Pantaleón. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios informó en la víspera de cerrar esta edición, sobre la evacuación de 27 familias por un hundimiento en Chichicastenango, Quiché.

Hay riesgos latentes de derrumbes, deslaves e inundaciones. La continuidad de las lluvias y sismos de mediana y alta intensidad podrían provocar otros desastres. De acuerdo al insivumeh, hay 22 poblaciones, donde habitan unas 5,500 personas, con alta exposición de riesgo:

Comunidad
Familias en riesgo
San Antonio Senahu, Alta Verapaz
300
Sajciban, Nebaj, Quiché
140
Río Negro, Chicamán, Quiché
50
San Andrés Xecúl, Totonicapán
30
Aldea Cantzela, Aguacatán, Huehuetenango
50
Aldea Tuicoche, Tacaná, San Marcos*
60
Jua, Nebaj Quiché
sd
San Juan Atitán, Huehuetenango
150
Aldea Matazanos, Chiquimula
30
Aldea El Limón, Chiquimula
15
Santa Rosa Xejuyup, Sta. Cruz Quiché
10
Lantiquín, Camotán, Chiquimula*
9
Guareruche, Jocotán, Chiquimula
20
El Aguacate, Mataquescuintla, Jalapa
10
Las Delicias, San Agustín Acasaguatlán, El Progreso
6
Cajón de Jones, Río Hondo, Zacapa
10
La Unión, Zacapa
60
Chiniguitz, San Miguel Ixtahuacán
10
Buena Vista, Jocotenango, Sacatepéquez
70
Cuenca alta del Río Valparaíso, La Libertad y La Democracia Huehuetenango
sd
Belen Cantzela, San Miguel Ixtahuacán, San Marcos
5
4 de febrero, Malacatán San Marcos
70
Total
1105

Fuente: insivumeh y conred, 2005.


Escenarios de la reconstrucción

Aunque ha habido dificultades de acceso a la ayuda por parte de los damnificados, es notable la movilización, tanto de organismos civiles (escuelas, empresarios, barrios y comunidades, fundaciones y clubes) como de una amplia constelación de países. El gobierno ha reunido varias veces a la comunidad internacional de donantes y progresivamente ha ido mostrando sus planes de acción, tanto para la emergencia como la reconstrucción.

El panorama es desafiante. Están a la vista las debilidades institucionales, logísticas y financieras del Estado, además de su escasa capacidad de anticipación y respuesta a las contingencias. No existen, por ejemplo, alternativas viables de reubicación a corto plazo de las comunidades damnificadas, y de otras que están bajo amenaza ante inminentes desastres.

Hay riesgos, ya manifiestos, de desabastecimiento de productos básicos en los grandes centros poblados –además de las zonas de desastre- debido a la destrucción de cosechas. Eso ya ha despertado olas especulativas de precios, acaparamiento de mercaderías y alzas bruscas de precios que, a estas alturas, ya empujaron la inflación a los dos dígitos. La capacidad de control por parte del Estado es irrelevante. La interrupción de las rutas de tráfico también retarda los flujos del mercado.

Todo ello tendrá efectos inmediatos sobre el mercado interno, pero también en las exportaciones agrícolas que, hasta ahora, mostraron un comportamiento dinámico. Además afectarán la recepción de turismo en zonas tradicionales como Atitlán y Chichicastenango, y en otras relativamente nuevas, como Huehuetenango, Alta Verapaz y Xetulul. Es previsible un aumento de las remesas familiares para compensar las pérdidas familiares locales, pero ello tendrá como efecto la revaluación del quetzal y un desestímulo de las exportaciones. Esa revaluación se puede reforzar debido a la asistencia internacional, créditos blandos de bancos extranjeros de desarrollo y la colocación de deuda que el gobierno, previsiblemente, promoverá. Algunos analistas esperan que una eficiente colocación de los recursos dispare el crecimiento económico en 2006.

Entretanto, el gobierno de Berger camina entre tres aguas: 1. Su rezago ejecutivo ante la emergencia, 2. La competencia no concertada entre sus oficinas operativas –sobre todo los directivos- que deja en evidencia la crónica debilidad del liderazgo de Casa Presidencial y le resta eficacia a su acción global, y 3. La certidumbre de que el manejo de la crisis calificará su gestión y marcará su futuro político para las elecciones de 2007.

El patrón que se observa hasta ahora dice que: 1. Los ejecutivos de scep, fis, civ, fonapaz, la Casa Presidencial, ministerios y direcciones están adquiriendo mayor movilidad entre las comunidades de damnificados, pero ésta no se ve acompañada de capacidades de seguimiento ni respuesta institucional. 2. El presidente Berger ha preferido depositar en Roberto González Díaz-Durán, su más cercano colaborador, la tarea de la reconstrucción, antes que decidir prematuramente entre uno de los declarados aspirantes a sucederle: Eduardo González (scep), Luis Flores (fis) o Eduardo Castillo (civ). 3. La lógica a observar en los siguientes pasos del gobierno se bifurca entre intereses generales de “buen gobierno” (con menos fuerza), intereses de “buena imagen” electoral (mediana fuerza) y “buenos negocios” (mayor fuerza).

La reconstrucción dará mayor visibilidad –y beligerancia- a la comunidad internacional. Hasta ahora el gobierno ha limitado exitosamente su injerencia, argumentando que la cooperación no ha contribuido mayor cosa a superar los magros índices de desarrollo humano y que, por consiguiente, lo que se demanda es apertura de mercados y mayores niveles de inversión foránea. Así, canceló la celebración de un Grupo Consultivo ya previsto. Aunque hay disposición de la comunidad internacional de ofrecer ayuda a la reconstrucción y concertar mecanismos efectivos, previsiblemente habrá desencuentros acerca de las prioridades, formas de identificar las demandas, maneras de ejecutar los recursos y la rendición de cuentas.

En el propio bloque de poder habrá discrepancias. Probablemente la programación de “megaproyectos” se vea afectada y hasta desplazada. Las obras de infraestructura, en las que el grupo cercano al presidente Berger tiene mayor experiencia, ganarán preeminencia. Otros empresarios, en cambio, preferirán que se hable poco de la catástrofe y sus secuelas, en la medida en que vulnera imagen de poder y atracción de inversiones.

Y en el bando no gubernamental también podrían ocurrir variantes. Los movimientos más tradicionales con expresiones de carácter nacional –pero sin representaciones territoriales arraigadas- podrían seguir eclipsando, mientras que las expresiones locales que se fortalecieron en el último periodo con movilizaciones a favor de la defensa de los recursos naturales –minería, agua, bosques- pueden adquirir mayor protagonismo y extender territorialmente su organización y capacidad de presión y negociación. Éstos estarían dirigidos, básicamente, por líderes e intelectuales indígenas.

Así las cosas, la tormenta Stan, como otros desastres naturales, además de procesar las dinámicas sociales como crisis sociales y de provocar reajustes económicos con signos contradictorios, podría también ser el partero de otro escenario político, que hasta ahora habíamos considerado como de “poca probabilidad” y “alto efecto” (Informe Guatemala, núm. 26).

Tomado de Fundacion Desc

1 Comments:

At 12:32 PM, Anonymous Anonymous said...

Interesantes observaciones acerca de la tormenta Stan, a veces pareciera que la mayor vulnerabilidad de las comunidades es el estado mismo.

 

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